Final positivo para el reclamo judicial de CABASE en defensa de sus asociados
El pasado 13 de agosto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala II confirmó la medida cautelar otorgada a la Cámara Argentina de Internet (CABASE) el 22 de febrero de 2023, brindando un alivio fundamental para los proveedores de servicios de Internet (ISP) y otras empresas del ecosistema TIC en Argentina. Esta decisión judicial representa un hito clave en la defensa de los derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, gravemente afectados por la aplicación del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20.
Un marco regulatorio que complicaba la operación
El DNU 690/20, junto con diversas resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), estableció una serie de restricciones que regulaban fuertemente los precios y condiciones de los servicios de Internet, telefonía y televisión por suscripción. Entre estas medidas, se impuso la Prestación Básica Universal (PBU), que, aunque buscaba garantizar el acceso a las telecomunicaciones para sectores vulnerables, impactó negativamente en la sostenibilidad de los operadores, muchos de los cuales son pymes y cooperativas que dependen de una estructura tarifaria equilibrada para continuar invirtiendo en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios.
Los efectos del DNU 690/20 y sus resoluciones afectaron directamente la capacidad de los ISPs de realizar ajustes de precios, lo que resultó en limitaciones operativas críticas en un contexto inflacionario y de aumento de costos tecnológicos. En este escenario, CABASE decidió llevar adelante una acción colectiva en 2021 para proteger a sus socios de las consecuencias económicas de esta normativa.
La victoria judicial: un respiro para los ISPs
La confirmación de la suspensión de los efectos del DNU 690/20 y las resoluciones vinculadas representa un gran logro para CABASE y sus socios. Esta medida otorga una herramienta jurídica fundamental para que los prestadores de servicios TIC puedan defenderse ante posibles sanciones o reclamos derivados de incumplimientos de la PBU o de los aumentos tarifarios no autorizados por ENACOM.
Además, la decisión de la Cámara incluye la suspensión, por seis meses, de la resolución 1467/20, que creó la PBU y que aún no ha sido derogada. Esto da a los ISPs un respiro para reconfigurar su estrategia y adaptarse a las exigencias del mercado sin estar sujetos a las medidas restrictivas que tanto han afectado su capacidad de operar eficientemente.
Un paso hacia un marco regulatorio más equilibrado
Desde CABASE, esta victoria no solo es un alivio inmediato, sino también un paso hacia la construcción de un marco regulatorio más equilibrado y adecuado para la realidad de las TIC en Argentina. La industria necesita reglas claras que permitan a las empresas continuar invirtiendo en infraestructura y servicios, sin el constante riesgo de intervenciones arbitrarias que desincentiven el desarrollo.
El fallo judicial no debe entenderse como un rechazo a la necesidad de garantizar acceso inclusivo a las telecomunicaciones. CABASE y sus asociados están comprometidos con la misión de expandir y democratizar el acceso a Internet en todo el país. Sin embargo, esto debe realizarse dentro de un contexto que también respete la sustentabilidad económica y la posibilidad de seguir creciendo.